El pasado fin de semana el Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, revocó el contrato de arrendamiento que la ciudad mantenía con la Corporación Taurina, por lo que la plaza de toros de la ciudad permanecerá cerrada y no podrá acoger la celebración de festejos taurinos. El alcalde amenazó unos días con modificar el contrato que la ciudad y la Corporación Taurina mantenían, debido, a que no estaban cumpliéndose los términos del mismo. La acción unilateral de revocar el contrato de arrendamiento supone la materialización de esa amenaza y un ataque claro a la Fiesta de los toros en Bogotá.

La decisión del alcalde, por otra parte, ha provocado la movilización de los estamentos taurinos de la ciudad. El Gerente de la Corporación Taurina, Felipe Negret, rechazó la medida y apeló al carácter cultural de la Tauromaquia y al derecho al trabajo.

Por su parte, la Procuraduría General de Colombia emitió el domingo en el que asegura que la Tauromaquia es un patrimonio cultural de los pueblos en Colombia y señala que «debe ser reconocida y protegida por el Estado, al igual que otras manifestaciones culturales diversas«, en todo el territorio nacional.

En el mismo texto, enviado por la Procuraduría general a la Corte Constitucional del país americano, se señala que ha de respetarse la decisión de los alcaldes de las ciudades y municipios de autorizar las corridas y se afirma también que no han de ponerse tarbas a su celebración, puesto que ésta está regulada por los artículos 14 y 15 de la ley 916 de 2004, en los que se da forma al Reglamento Taurino Nacional.